La veterinaria no pide privilegios, pide una regulación útil para la salud pública

España necesita abrir, de una vez, una conversación seria sobre la veterinaria. No una conversación reducida al ruido coyuntural sobre antibióticos, plataformas de prescripción o distribución de medicamentos, sino un debate de país sobre una profesión sanitaria esencial que sigue sin recibir el reconocimiento institucional, normativo y social que merece.

La veterinaria no es un sector accesorio ni un apéndice del bienestar animal entendido en términos sentimentales. Es salud pública, seguridad alimentaria, prevención, vigilancia epidemiológica, control de zoonosis, sostenibilidad ganadera, economía rural y protección del consumidor. Sin veterinarios no hay una sola salud posible. Y, sin embargo, en España seguimos regulando y tratando a la profesión como si su papel sanitario fuera secundario.

En los últimos días se ha insistido en una idea aparentemente simple: que la separación estricta entre prescripción y suministro de medicamentos veterinarios constituye una garantía absoluta de independencia profesional y que cuestionarla supondría poner en riesgo la salud animal y la salud pública. El planteamiento suena impecable en lo teórico, pero falla cuando se confronta con la realidad clínica, con la práctica comparada europea y con las peculiaridades de la medicina veterinaria.

La primera cuestión que conviene aclarar es que los veterinarios no estamos pidiendo un trato de excepción. Estamos reclamando, precisamente, lo contrario: una regulación moderna, proporcionada y homologable a la de muchos países de nuestro entorno. Una regulación que parta de la realidad asistencial de la medicina veterinaria y no de la aplicación mecánica de esquemas concebidos para la medicina humana.

Porque la medicina veterinaria no funciona igual que la humana. Atendemos múltiples especies, pesos, formatos, indicaciones, condiciones de manejo y contextos epidemiológicos muy distintos. Trabajamos, además, con una disponibilidad de medicamentos notablemente inferior a la existente en humana y con menos presentaciones adaptadas a las necesidades reales de los pacientes. Ésa es una de las claves del problema. Y negarla no lo resuelve.

Se ha afirmado que en España no existe un problema de acceso al medicamento veterinario. Pero el problema no es sólo cuántos medicamentos figuran en catálogo o cuántas referencias están teóricamente disponibles en distribución. El verdadero problema es si el propietario puede disponer, en el momento clínico en que el animal lo necesita, del medicamento, la presentación, la concentración y el número de unidades adecuados para ese tratamiento concreto. Y esa respuesta, demasiadas veces, es no.

También se ha sostenido que permitir el suministro por parte del veterinario comprometería la independencia del criterio clínico. Conviene decirlo con claridad: la independencia profesional de un veterinario no la garantiza una barrera formal, sino su ética, su cualificación, su responsabilidad deontológica y su sometimiento a control. Quien conoce mínimamente la profesión sabe que el veterinario prescribe con responsabilidad clínica y con una enorme exposición personal, técnica y jurídica. Sugerir que el criterio veterinario queda inevitablemente contaminado por un eventual interés económico no sólo es injusto: es desconocer el funcionamiento real de una profesión sanitaria sometida a obligaciones muy exigentes.

Además, la comparación europea debería invitar a la prudencia antes de presentar el modelo español como el único verdaderamente garantista. En buena parte de Europa, los veterinarios pueden prescribir y suministrar los tratamientos necesarios para completar la atención de sus pacientes dentro de marcos regulados y fiscalizados.

Éste es, precisamente, uno de los puntos ciegos del debate. Cuando el sistema no permite adaptar con flexibilidad la respuesta terapéutica a la situación concreta del animal, no gana la seguridad: gana la rigidez. Y la rigidez, en medicina, rara vez es una buena noticia. Menos aún en veterinaria, donde la diversidad biológica y clínica obliga a actuar con criterio científico, capacidad de ajuste y proporcionalidad.

El debate sobre los antimicrobianos merece, además, un mínimo de honestidad. España ha hecho en los últimos años un esfuerzo muy relevante en la reducción del uso de antibióticos en sanidad animal. Ese esfuerzo no ha sido fruto del azar ni de la imposición externa: ha sido posible, en gran medida, gracias al compromiso de los veterinarios españoles con el uso prudente y responsable de los antimicrobianos. Por eso resulta difícil aceptar que se traslade a la opinión pública la idea de que la profesión veterinaria constituye el principal foco de riesgo o el eslabón débil de la lucha contra las resistencias.

Combatir la resistencia antimicrobiana es una prioridad compartida. Pero para hacerlo bien hace falta rigor. Hace falta analizar dónde está realmente el problema, dónde se concentra el mayor impacto y qué medidas son eficaces sin deteriorar la capacidad asistencial. La salud pública no se protege dificultando el acto clínico veterinario ni multiplicando cargas burocráticas que no aportan valor proporcional. Se protege reforzando el uso racional del medicamento, adaptando las presentaciones a las pautas reales, mejorando la disponibilidad efectiva y dotando al profesional sanitario de herramientas útiles.

Mientras tanto, seguimos sin reconocer plenamente el papel de la veterinaria en las políticas públicas. Seguimos gravando sus servicios clínicos con un IVA del 21% en animales de compañía, como si su actividad careciera de relevancia sanitaria. Y seguimos discutiendo sobre la profesión muchas veces sin escuchar a quienes la ejercen.

Los veterinarios no pedimos privilegios. Pedimos poder trabajar con seguridad jurídica, con criterios científicos, con instrumentos adaptados a nuestra realidad profesional y con una normativa que ayude, en lugar de obstaculizar, la atención sanitaria a los animales y la protección de la salud pública.

España necesita más veterinaria en sus políticas públicas, no menos. Más reconocimiento, no más sospecha. Más confianza en el criterio clínico de una profesión sanitaria esencial, y menos rigidez normativa.

Porque cuando se debilita a la veterinaria, no pierde un colectivo. Pierde la salud pública. Pierde el mundo rural. Pierde la sociedad. Y pierde el país.