Ante la grave situación generada por la suspensión de la actividad de
numerosas clínicas pertenecientes al Grupo Vivanta, que está dejando a pacientes con tratamientos odontológicos en curso en un estado de enorme incertidumbre asistencial y económica, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) reitera la necesidad imperiosa de contar con una ley estatal de publicidad sanitaria, dado que este suceso no es un hecho aislado.
En 2022, los Consejos Generales de Dentistas, Veterinarios, Médicos y Farmacéuticos suscribieron conjuntamente un manifiesto en el que se advertía de la proliferación de técnicas comerciales agresivas en el ámbito sanitario, por lo que se reclamaba una regulación que garantizase una publicidad rigurosa, veraz, prudente, comprensible y basada en criterios clínicos, en la ética y en la evidencia científica.
Después, representantes de las organizaciones volvimos a trasladar esta preocupación al Ministerio de Sanidad, porque la experiencia demuestra que aquella preocupación estaba plenamente justificada. La publicidad sanitaria no es una actividad comercial más, porque puede influir directamente en decisiones que afectan a la salud y generar expectativas o inducir a la contratación de prestaciones cuya necesidad, alcance y oportunidad deberían venir determinadas primordialmente por criterios profesionales.
La OCV considera que urge avanzar hacia mecanismos preventivos capaces de proteger eficazmente a los ciudadanos, para reforzar las garantías que debe poseer cualquier actividad sanitaria, y reclama una ley estatal de publicidad sanitaria.
Las distintas profesiones sanitarias compartimos una misma responsabilidad ante la sociedad: preservar la confianza de los ciudadanos y defender que la salud —humana, animal y pública— permanezca siempre por encima de cualquier otro interés.