La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha manifestado su desacuerdo con el proyecto de modificación del Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios, publicado en el Sistema de Información sobre Reglamentaciones Técnicas (TRIS) de la Comisión Europea, con las nuevas restricciones incorporadas a la cesión de medicamentos como consecuencia de la posición mantenida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), según adelantaron y afirman distintas fuentes informativas.
Para la OCV, el texto remitido introduce modificaciones sustanciales en una de las cuestiones nucleares de la reforma, incorporando restricciones que no figuraban en los mismos términos en el borrador sometido a audiencia pública a comienzos de año y que endurecen las condiciones inicialmente planteadas.
El nuevo artículo 37.8 permite formalmente la cesión de medicamentos para garantizar la continuidad o finalización de los tratamientos, pero establece expresamente que esta entrega no podrá alterar la integridad del acondicionamiento primario. Asimismo, limita la cesión a presentaciones autorizadas para el fraccionamiento o al envase original de menor tamaño, siempre que coincida con las unidades necesarias para el tratamiento.
Estas condiciones, incorporadas tras el trámite de audiencia pública, restringen considerablemente la utilidad práctica de la medida. Según los datos facilitados por la propia AEMPS, de las 4.273 presentaciones de medicamentos veterinarios comercializadas en España, únicamente 94 permiten el fraccionamiento, apenas el 2,2% del total.
Compromete el bienestar animal
Así, si un animal necesita siete comprimidos y el envase más pequeño contiene diez, el veterinario no podrá suministrar al propietario la medicación necesaria para completar el tratamiento, salvo que la presentación esté autorizada para su fraccionamiento.
Esta limitación puede retrasar el acceso al tratamiento y comprometer el bienestar animal, además de obligar al propietario a adquirir un envase completo y conservar los medicamentos sobrantes en su domicilio. Para la OCV, esta situación resulta especialmente contradictoria con los objetivos de salud pública y de lucha contra las resistencias antimicrobianas, al favorecer la acumulación de medicamentos y el riesgo de usos posteriores inadecuados, en lugar de garantizar que cada animal reciba únicamente la cantidad necesaria para su tratamiento. El proyecto incorpora además un límite de dos semanas de medicación por acto clínico para los tratamientos crónicos o prolongados.
La OCV considera insólito que, tras el respaldo mayoritario del Parlamento a una modificación normativa y meses de interlocución entre las administraciones y el sector, la falta de entendimiento entre los organismos implicados haya desembocado en una propuesta más restrictiva que la inicialmente sometida a audiencia pública. Aunque se trata de una norma elaborada conjuntamente por los ministerios de Agricultura y Sanidad, este último, a través de la AEMPS, ejerce competencias fundamentales en materia de garantías y control de los medicamentos.
A juicio de la Organización, este borrador desvirtúa la finalidad de la Ley 7/2025, que impulsó la revisión de la normativa mediante el diálogo con el sector para mejorar la disponibilidad de medicamentos y adecuar sus presentaciones. La OCV considera difícilmente entendible que un proceso concebido para avanzar hacia una regulación más flexible desemboque en condiciones más rígidas que las inicialmente propuestas.
Ante esta situación, la Organización dirigirá una consulta oficial a la AEMPS para que aclare el alcance de la prohibición de alterar el acondicionamiento primario y su aplicación a las diferentes presentaciones farmacéuticas, especialmente cuando sea posible separar unidades sin comprometer su integridad, identificación o conservación.
Avances positivos que no resuelven las principales dificultades
La OCV reconoce, no obstante, que el proyecto incorpora otras modificaciones positivas para el ejercicio veterinario, entre ellas una mayor flexibilidad para ajustar los tratamientos conforme al criterio clínico en determinadas circunstancias justificadas, mejoras en la prescripción de antimicrobianos de acuerdo con protocolos científicos, ampliar la posibilidad de ceder tratamiento a los animales de abasto y la posibilidad de reutilizar medicamentos sobrantes en animales de producción bajo una nueva prescripción veterinaria.
También contempla determinadas medidas de simplificación administrativa, si bien, los principales requisitos relacionados con PRESVET, y de los que el colectivo veterinario reclama su eliminación, siguen vigentes. Además, se amplía a seis meses la duración que puede cubrir una receta para tratamientos crónicos.
La OCV reitera su disposición al diálogo institucional, pero insiste en que la revisión normativa debe ofrecer soluciones reales a las necesidades asistenciales y respetar la finalidad de las reformas impulsadas por el poder legislativo.
La publicación registrada supone un nuevo paso en la tramitación de la norma. El procedimiento europeo permite que la Comisión y los demás Estados miembros examinen determinados proyectos de reglamentación técnica nacional por sus implicaciones frente al derecho de la Unión antes de su aprobación, estableciendo un periodo inicial de suspensión de tres meses durante el que pueden formular observaciones. Posteriormente, la norma volverá a España para seguir su tramitación, momento en el cual podrá sufrir otras modificaciones.