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MARÍA LUISA FERNÁNDEZ, FERNANDO RUIZ Y JUAN JOSÉ JIMÉNEZ HAN ABORDADO LA PROBLEMÁTICA Y HAN EXPUESTO PROPUESTAS DE MEJORA

Una mesa redonda en XXXII Congreso de Derecho Sanitario analiza la situación de las urgencias veterinarias

20-11-2026
Juan José Jiménez, Maria Luisa Fernández, Gonzalo Moreno y Fernando Ruiz durante la mesa redonda

Juan José Jiménez, Maria Luisa Fernández, Gonzalo Moreno y Fernando Ruiz durante la mesa redonda

El XXXII Congreso de Derecho Sanitario que se celebra en Madrid ha acogido esta mañana la mesa redonda titulada “Proteger a quien protege. Un marco de seguridad para las urgencias sanitarias privadas”, promovida por la Organización Colegial Veterinaria (OCV), con el fin de abordar la situación de la atención veterinaria tanto a animales de compañía y de producción, que en ocasiones presenta problemas por la falta de servicios y profesionales.

Moderada por Gonzalo Moreno del Val, presidente de la OCV, el encuentro ha contado con la participación de María Luisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife; Fernando Ruiz Sarabia, presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, y Juan José Jiménez Alonso, responsable del Servicio Jurídico de la Organización.

María Luisa Fernández Miguel, veterinaria clínica de animales de compañía explicó la situación actual de las urgencias veterinarias en territorio insular, con cifras referidas a esta isla, La Palma, La Gomera y El Hierro. En concreto, ha expuesto datos sobre número de animales censados en las cuatro islas, hospitales, clínicas veterinarias y centros de referencia.

Al calcular el elevado coste de apertura 24 horas de un centro, Fernández Miguel ha asegurado que son necesarios 60.000 animales para que este servicio resulte rentable. “Si suponemos que la consulta media de urgencias veterinarias tiene un coste de 75 euros, necesitamos 12,6 consultas al día para mantener el centro abierto sin beneficios”, apuntó la presidenta.

A su juicio, es preciso buscar posibles soluciones a este problema, entre las que citó un sistema de guardias compartidas (varios centros asociados, cuadrante flexible, horarios reducidos, cobro por encima del convenio...) y la colaboración público/privada que se puede plasmar en centros mixtos, centros privados con subvención para mantener el servicio o centros exclusivamente públicos.

Actividad económica sostenible

En una línea similar se pronunció Fernando Ruiz Sarabia, que además es gerente de la Asociación de Frisona de Cantabria (AFCA) y conoce la realidad de la ganadería, “porque no debemos olvidar que esta actividad veterinaria es una forma de vida, una actividad profesional y que, por lo tanto, necesita ser sostenible al menos económica y socialmente para que se mantenga. Por eso hablamos de clientes. No conviene que caigamos en la trampa de quedarnos sólo con el concepto bucólico de la actividad”.

Además, ha recordado que en esta comunidad autónoma la caída en el número de granjas de leche ha sido del 40%, durante los últimos seis años, algunas reconvertidas a producción de carne. “Las ganaderías que quedan se redimensionan (la pérdida de vacas no es proporcional y mucho menos la bajada de producción) y se profesionalizan, lo que lleva aparejado una modificación en el tipo de servicios que se demandan y en la mayor frecuencia de los mismos, siendo las urgencias muy esporádicas. Estas circunstancias permiten establecer igualas o relaciones comerciales beneficiosas en ambos sentidos entre ganaderos y veterinarios”, señaló Fernando Ruiz, quien insistió en que es un fenómeno ligado a la propia evolución de los censos pecuarios.

"Lo servicios que mayoritariamente se demandan en la actualidad son programables en el tiempo y casi rutinarios: controles reproductivos, calidad de leche, profilaxis, ADS, cumplimentación de documentos... En algunas zonas, la mera inyección de dinero por parte de diferentes estamentos oficiales para mejorar esta situación no ha conseguido siempre los efectos perseguidos”, concluyó.

Juan José Jiménez Alonso disertó sobre la regulación de los servicios de urgencias en los centros veterinarios, desde el alcance de la responsabilidad profesional, y señaló que en este tipo de atención “lo decisivo es qué se ofrece y cómo se informa”.

Disponibilidad presencial y localización por teléfono

Así, según ha recordado en su exposición, el artículo 6 del Reglamento para el Ejercicio Profesional en Clínica de Animales de Compañía establece la diferencia entre disponibilidad presencial de un veterinario durante las 24 horas en un centro y la mera localización telefónica del profesional para atender animales ante un aviso. Por tanto, en los establecimientos veterinarios en que se preste servicio de urgencias se debe anunciar los días en que se preste el servicio y horario, el tipo de asistencia (in situ en el establecimiento veterinario y/o domiciliaria) y si durante el horario de urgencias la clínica está abierta o si se solicita cita telefónicamente.

En cuanto a la responsabilidad civil y disciplinaria, Jiménez ha precisado que la imputación exige identificar el deber profesional incumplido y valorar las circunstancias del caso. La primera puede derivar del incumplimiento de la prestación contratada o de una actuación negligente. Requiere acreditar el daño y la relación causal con el incumplimiento de la lex artis conforme a los artículos 1101, 1104 y 1902 del Código Civil.

Respecto a la responsabilidad disciplinaria, el incumplimiento del Reglamento, del Código Deontológico o de las normas estatutarias puede constituir infracción colegial y dar lugar al procedimiento sancionador, como contemplan el artículo 15 del Reglamento y el 5.i de la Ley 2/1974.

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Etiquetas
OCV, urgencias veterinarias, Congreso Derecho Sanitario, propuestas, animales de compañía, animales de producción, centros veterinarios, Fernando Ruiz, María Luisa Ramírez, Juan José Jiménez
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