El Colegio de Veterinarios de Valladolid continuará persiguiendo posibles casos de intrusismo

El Colegio de Veterinarios de Valladolid tiene entre sus obligaciones la de velar por el ordenamiento de la profesión en su ámbito territorial, que es esta provincia, y garantizar ante la sociedad una prestación correcta de los servicios profesionales que les compete, entre ellos, los de asistencia clínica y otros similares a los animales, que representa una parte esencial de la sanidad animal, el bienestar y la salud pública.

Por ello, ante cualquier sospecha de intrusismo profesional, el Colegio debe actuar de oficio para evitar perjuicios mayores, poniendo en conocimiento de la autoridad competente todo indicio de irregularidades en este sentido, es decir, atención veterinaria practicada por personal no titulado.

Al mismo tiempo, los propios veterinarios, según establece su Código Deontológico, tienen el deber de comunicar este tipo de incidencias para perseguirlas con arreglo a la legalidad vigente.

Así procedió el Colegio de Veterinarios de Valladolid el pasado mes de marzo, cuando se informó a la Guardia Civil de la posibilidad de que, en una clínica veterinaria de la provincia, se pudiera estar cometiendo un presunto delito de intrusismo profesional por parte de los propietarios, un matrimonio que carecía de una titulación habilitante.

Título no reconocido en España

Tal como se hicieron eco diferentes medios de comunicación, la Guardia Civil pudo constatar que el título presentado no estaba reconocido en España. Por la prensa también se ha sabido ahora que el Juzgado de Instrucción número 1 estima que no hay pruebas suficientes para sostener los indicios aportados por la investigación de la Benemérita, que aseguraban que pasaban consulta a mascotas y practicaban cirugías, análisis de sangre o citologías, por lo que ha archivado recientemente el caso.

El Colegio de Veterinarios de Valladolid y sus colegiados, dentro de sus atribuciones, continuarán persiguiendo el intrusismo profesional como delito castigado por la ley, por ser una vía efectiva de asegurar la correcta prestación de los servicios clínicos veterinarios.