La OCV muestra a la FEMP su “preocupación” por las dificultades de aplicar la Ley de Protección Animal en el ámbito municipal

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo Sáez, se ha reunido con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, para abordar la situación creada tras la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que delega competencias en los ayuntamientos con independencia de su tamaño.

Calvo ha manifestado la “lógica preocupación” de la profesión por las dificultades de aplicación de la Ley, “ya que en España hay poco más de 250 veterinarios municipales, que ejercen en ciudades y poblaciones grandes, pero existen algo más de 8.100 ayuntamientos, la inmensa mayoría sin capacidad económica para contar con los servicios veterinarios que la normativa les obliga a prestar”.

Entre ellos figuran la gestión de colonias felinas o la atención sanitaria y clínica a mascotas durante las 24 horas del día, “algo que va a ser imposible de realizar salvo que se cuente con el apoyo de diputaciones, comunidades autónomas y la propia Administración central”. En este sentido, Calvo ha trasladado a la FEMP la “máxima disposición” de los 52 colegios provinciales de veterinarios para buscar fórmulas de colaboración en este aspecto.

Cuestión de salud pública

“Así se viene haciendo mediante la firma de convenios con los ayuntamientos para mejorar la identificación animal, aplicar el método CER en colonias felinas y otras medidas de protección animal, llevadas a cabo por los centros y clínicas veterinarias que participan en estos programas. Son actuaciones fundamentales desde la perspectiva de la salud pública, que empieza en la de los animales”, expuso Calvo.

El secretario general de la FEMP compartió la inquietud mostrada por el máximo representante de los 37.000 veterinarios y veterinarias, y mostró su deseo de estudiar líneas de actuación conjunta para cumplir la citada Ley, en especial en lo concerniente a los municipios pequeños, “ya que existen en España más de 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes”.