El Consejo Valenciano valora los cambios aprobados en la normativa del medicamento como “un avance” pero los tilda de “insuficientes”

El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios sigue de cerca el resultado de las conver­sa­cio­­­nes del sector veterinario con el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura para flexibilizar el polémico RD 666/2023. Tras cinco meses de movilizaciones -des­de febrero a junio se han sucedido nue­ve protestas a escala nacional-, el pasado 29 de julio el BOE publicó la Ley 7/2025 por la que se crea la Agencia Es­­tatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de Salud Pública.

A juicio de la presidenta de la entidad colegial au­­tonómica, Inmaculada Ibor, los cambios introducidos “son un pequeño avance, el primer paso en la reforma que los ve­terinarios y los responsables de animales necesitan para re­­solver los problemas de suministro de medicamentos”. Efec­tivamente, en esta ley se de­sarrolla la figura ya existente de la cesión de me­dicamentos por parte del pro­pio centro y se abre la puerta a suministrar so­­lo las unidades de medicamentos fraccionables necesarias para completar el tra­ta­mien­to.

Además, en caso de infecciones que necesiten ser aten­­­di­das de urgencia, se agiliza el recurso a ciertos an­ti­bió­ti­­cos sin necesidad de prue­bas que lo retrasen. Junto a ello, la Ley 7/2025, en su disposición adicional cuarta, incorpora la promesa del Go­bierno pa­ra promover en el pla­zo de seis meses “una revisión y eventual mo­di­fi­ca­ción de la regulación vi­­gente para la dis­po­ni­bi­­lidad de medi­ca­­mentos y, en particular, de antibióticos en las far­macias”. Con valorar “po­si­ti­va­mente” este com­promiso, Ibor re­mar­ca que “lo he­­­cho es insuficiente” y que “el camino es aún largo, pero ob­ser­va­mos me­jor dis­posición al diálogo”.

Los cambios introducidos ahora sí están orientados a mejorar la atención a los animales. Como se venía re­cla­man­­do, la nueva norma permite entregar al propietario de animales de compañía sólo las unidades re­que­ridas (si el me­­dicamento está autorizado para tal cosa) para llevar a buen término el tratamiento. Pero el listado de fármacos con po­sibilidad de una dispensación fraccionada, si bien son todos de uso común, se limita a 51 formas comerciales, que co­rresponden a 18 principios activos, de los que solo11 de ellos se pueden usar en pequeños animales, siendo anti­bió­ti­­cos 5 de estos.

Simplificar burocracia

Además, en la línea de respetar el criterio científico de los profesionales, para los antimicrobianos de ca­­­­tegoría B (que son de uso res­trin­gi­do para no favorecer las resistencias) ya no es obligatorio tomar una muestra bio­ló­gi­­ca pre­via en casos de urgencia para así agilizar el inicio del tratamiento de la infección. De otro lado, se recoge un com­­promiso para sim­pli­fi­car la burocracia en relación con la receta electrónica así como campañas informativas y de formación al respecto.

Pese a todo ello, con la aprobación de esta ley aún se está lejos de culminar el proceso de reformas que veteri­na­­rios y titulares de animales han venido reclamando con insistencia durante los últimos meses. Queda pendiente la apro­­bación de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que, en su anteproyecto aprobado el 8 de abril, ya incluyó la posibilidad de que los centros veterinarios puedan vender al por menor medicamentos sin prescripción (anti­pa­rasitarios, analgésicos y antiinflamatorios leves, productos oftálmicos…) como, de hecho, ya lo hace cualquier supermercado, gaso­li­nera o pajarería.

“Para resolver los problemas de acceso que los usuarios sufren con el resto de medicamentos (los que sí exigen receta) y homologarse con las regulaciones que existen en la mayor parte de Europa, es también imperativo que al veterinario se le permita suministrar los fármacos que prescribe y que sean necesarios para completar únicamente los trata­mien­tos de sus pacientes”, señala a este concreto respecto Ibor.

Tratamiento sin retraso

“Respetamos el trabajo de las farmacias y no que­remos reemplazarlas pero en las condiciones actuales nos vemos obligados a actuar para poder ga­ran­tizar que, después de acudir a la clínica, el responsable del animal pueda de manera sencilla iniciar el tratamiento sin retraso ni error en el suministro de lo recetado”, matiza Ibor en consonancia con la plataforma reivindicativa de los veterinarios.

Tampoco se ha avanzado nada en las conversaciones para tratar de aliviar el exceso de carga burocrática que, innecesariamente, impone el RD 666/2023 en cuanto a la comunicación obligatoria, a través de una farragosa plataforma llamada PRESVET, de todas las recetas de antimicrobianos. O en las sanciones por incumplir en algún grado tales co­­­­municaciones, que pese a las modificaciones introducidas para relajarlas, se sigue considerando que son abusivas. En los mismos términos, y aunque no afecta al RD 666/2023, podría hablarse del IVA a los servicios veterinarios que, al contrario que otros servicios sanitarios, desde 2012 sigue al mismo tipo máximo del 21%.

Dado el amplio respaldo popular que han evidenciado las movilizaciones de los veterinarios, el CVCV secunda la pro­pues­ta del Consejo General de Colegios Veterinarios de España para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). “Queremos recabar más de 500.000 firmas para materializar ese apoyo que sabemos que te­nemos y llevar al Congreso un texto que permita a los veterinarios actuar con autonomía, criterio clínico y sin las trabas legales actuales, que no se ajus­­tan ni a la realidad de la profesión ni a la regulación existente en nuestro entorno europeo”, remarca Ibor.