El Colegio de Valencia repite experiencia con la Diputación y vuelve a formar a los técnicos municipales en la Ley 7/2023 y la Ley 2/2023

La Diputación de Valencia suscribió el año pasado con el Colegio de Veterinarios de Valencia un convenio en materia formativa para facilitar un mayor conocimiento de la Ley 7/2023(nacional) como de lo que contempla la Ley 2/2023 (autonómica) sobre protección y bienestar de animales de compañía. El acuerdo derivó ya entonces en un primer curso centrado en una de las cuestiones fundamentales de sendas regulaciones, la gestión municipal de colonias felinas y en la aplicación del método CER (Captura-Esterilización- Retorno).

Este año, el público al que se dirigió la formación fue el mismo -los técnicos municipales con responsabilidades en la materia- pero la temática era más amplia e incluía muchos más aspectos de tan relevantes normativas. El curso, de 15 horas lectivas (dos horas más que en 2024) en formato on line y presencial en las propias instalaciones colegiales durante tres jornadas (el 24, 25 y 26 de septiembre), fue impartido por personal especializado en esta materia.

En concreto, Ángeles Gómez, asesora jurídica del Colegio; Carles Miquel, inspector de la Consejería de Sanidad; Marta Gabaldón, jefa de Servicio de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y Edgar López Marín, también inspector de la Consejería de Sanidad.

El objetivo de este año era dotar a tales técnicos municipales de las herramientas legales y operativas necesarias para implementar correctamente ambas normativas, resolver dudas interpretativas e ir más allá e incluso coordinar la acción municipal con los principios de bienestar animal. Porque son los ayuntamientos -tal como consagran sendas leyes- los actores clave, los que acaparan la mayor parte de las competencias en el ámbito de la protección efectiva de los animales y de su bienestar.

Conocimientos específicos y objetivos

La letrada colegial introdujo al alumnado en el contexto y los principios rectores tanto de la Ley 7/2023 como la Ley 2/2023, que se aprobaron coincidiendo prácticamente en el tiempo, en el ámbito de aplicación y en algunas de sus definiciones clave así como en la concreción de las competencias específicas que los municipios tienen en este terreno. Miquel, por su parte, abordó las cuestiones clave en la gestión municipal de las colonias felinas (las competencias y obligaciones de los consistorios, la correcta aplicación del método CER,…).

Gabaldón se refirió a las obligaciones y prohibiciones contenidas en sendas regulaciones tanto para los responsables de los animales de compañía como para las administraciones locales; la obligatoriedad de la identificación y registro no sólo de perros -como hasta ese momento- sino también de gatos y hurones; la labor municipal (o por concesión administrativa) de recogida y custodia de animales abandonados y la regulación establecida, concretamente, para la celebración de ferias, exhibiciones y concursos con animales de compañía.

López Marín, por último, ahondó en las competencias y obligaciones de la Administración Local, abordó cuestiones paralelas como la educación, la formación de los ciudadanos y de los voluntarios, las acciones de sensibilización y relativas a la divulgación de la ley pero también en otras como las labores de inspección y vigilancia, las infracciones y sanciones efectivamente contempladas y algunas cuestiones más específicas pero relevantes contenidas en las disposiciones adicionales, transitorias y finales de sendas textos normativos.

Censos, colonias felinas y recogida de animales abandonados

Pero más allá de todo ello, la acción formativa pretendía establecer criterios comunes de actuación administrativa para la gestión de censos, el control de colonias felinas, la propia recogida de animales abandonados o la gestión de convenios con protectoras, así como resolver dudas sobre la coordinación entre administraciones y los mecanismos de colaboración público-privada.

En definitiva, según señaló la presidenta colegial, Inmaculada Ibor, con esta segunda edición se ha tratado de «promover una aplicación coherente y eficaz de la normativa en el ámbito local, fomentando la formación continua»

Los alumnos, por su parte, fueron técnicos municipales con experiencia en las áreas de medio ambiente, sanidad, servicios jurídicos, policía local u otras con competencias vinculadas al bienestar animal pero también personal de empresas municipales o consorcios que gestionan servicios relacionados con animales así como responsables de áreas de gestión animal en la administración local.