Una delegación de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), encabezada por su presidente, Gonzalo Moreno del Val, y la consejera de Animales de Compañía, Yasmina Domínguez Cardona, ha mantenido un encuentro de trabajo con el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, y técnicos del departamento, para presentar a la nueva junta ejecutiva y valorar las alegaciones que desde la entidad se formularon para el desarrollo reglamentario de la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, y sobre el próximo Real Decreto de Identificación.
En la reunión, en la que también estuvo María Luisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife y representante de la OCV en el Consejo Estatal de Protección Animal, se ha prestado especial atención a la identificación –materia fundamental para prevenir el abandono y el maltrato- y a toda la información que se va a requerir sobre los animales de compañía en su identificación, incluidas la vacunación antirrábica obligatoria, las esterilizaciones y la revisión veterinaria anual.
Además, desde la Organización se ha insistido en la posibilidad de que la primoidentificación o identificación inicial del animal de compañía se pueda seguir realizando como hasta ahora a través de los centros veterinarios, por resultar un medio eficiente. Así mismo, ambas partes han acordado seguir trabajando en temas como en la delimitación del ámbito de los veterinarios especialistas en comportamiento, en la figura del perito forense veterinario y en los cursos de formación en tenencia responsable para los nuevos tutores de perros.
Por último, los veterinarios también han expuesto la conveniencia de comenzar a trabajar de la mano de la Dirección General en la salud de los animales de compañía, no únicamente en la salud pública, con la valoración de la obligatoriedad de tratamientos a los animales como la vacunación de parvovirosis y moquillo en los cachorros de perros.
La OCV subraya que la puesta en valor de la labor del veterinario requiere que las administraciones comprendan que el trabajo de los facultativos en cualquier ámbito, incluidos los de bienestar animal, tiene que estar remunerado, bien por los responsables de los animales o bien por las administraciones competentes en la materia.